Nuestras propuestas en materia penitenciaria para las Elecciones Generales 2015

Como miembros de la red ROSEP (Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario) hemos presentado una serie de medidas a los partidos políticos de cara a las Elecciones Generales 2015.

La Red ROSEP nació en marzo de 2013 como la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario y tiene presencia en todo el Estado. Está formada por más de 50 organizaciones del tercer sector (entre las que se encuentra Fundación Adsis) que intervienen en las prisiones españolas y, en general,en el contexto de la Justicia Penal.

El interés principal de todas las entidades que formamos parte de ROSEP son las personas afectadas por la Justicia Penal, ya estén privadas de libertad o estén sujetas a penas y medidas alternativas a la prisión o medidas de seguridad. Creemos en las personas y en su capacidad de recuperación y mejora. También nos importan los problemas que nos surgen en el día a día a las entidades que trabajamos con esta población.

Queremos que estos temas tan importantes para la salud y bienestar de una sociedad formen parte de la agenda política y sean tenidos en consideración en los programas electorales de los partidos políticos, y lo hagan desde la máxima responsabilidad, al margen de situaciones conyunturales relacionadas con casos muy graves y mediáticos, pero muy puntuales.

Por todo ello, proponemos a los partidos políticos que incluyan en sus programas las siguientes medidas:

1. ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN. Mejorar el sistema de alternativas a la prisión, con una mayor flexibilización de los requisitos de aplicación y la introducción de figuras sobradamente probadas en el mundo occidental y no presentes en nuestro ordenamiento penal como, por ejemplo, la “Probation” (declaración de culpabilidad con suspensión del dictado de la condena), la “Suspensión del Fallo” (suspensión del dictado de la sentencia) o la “Diversion” (suspensión del procedimiento penal).

2. MEDIACIÓN PENAL. Implantación de la mediación en el ámbito penal con posibilidad de evitar procedimientos judiciales y condenas en base al principio de oportunidad.

3. TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y DELITOS PATRIMONIALES. Hacer uso de la pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad como pena alternativa a la prisión para delitos patrimoniales.

4. RÉGIMEN ABIERTO. Optar por políticas penitenciarias que primen el régimen abierto sobre el cerrado, reservando éste último para los supuestos más graves.

5. TASAS DE ENCARCELAMIENTO. Alcanzar tasas de encarcelamiento que sean cercanas a la media de la Europa Occidental.

6. RECURSOS COMUNITARIOS. Invertir en programas y recursos comunitarios para la aplicación de penas y medidas alternativas a la prisión, más rentables económica y socialmente que la privación de libertad para la incorporación social de las personas que han delinquido y para la reducción de la reincidencia.

7. LA POBLACIÓN PENITENCIARIA Y LAS POLÍTICAS SOCIALES Y SANITARIAS. Tener en cuenta a la población penitenciaria en las políticas sociales y sanitarias de todas las administraciones, incrementando el presupuesto para actuaciones dirigidas a la resocialización de las personas reclusas.

8. SANIDAD PENITENCIARIA. Que la sanidad penitenciaria sea asumida por el Sistema Nacional de Salud.

9. LA JUSTICIA SOCIAL ES EL MEJOR CAMINO PARA LA SEGURIDAD. No hay mejor forma de prevenir los delitos cometidos por las personas que llenan las prisiones, que actuar sobre las causas o condicionantes que las llevan a ello. Con la mirada en el medio y largo plazo, unas políticas sociales y educativas adecuadas y justas, que pongan los máximos esfuerzos en reducir la pobreza y que incidan en las zonas y con la población en situación/riesgo de exclusión es la clave para ganar en paz social.

+ información: ROSEP.